Investigación por incendio en la USS se cerró tras negativa a entregar antecedentes de carabineros involucrados

A más de siete años del denominado estallido social, el medio Reportea reveló nuevos antecedentes sobre la investigación por el incendio que afectó a la Universidad San Sebastián (USS) en diciembre de 2019, indagatoria que habría quedado entrampada luego de que surgieran antecedentes sobre la presunta participación de dos funcionarios de Carabineros infiltrados en manifestaciones.

De acuerdo con el reportaje, la identificación de ambos uniformados habría dado paso a una serie de solicitudes de información por parte del Ministerio Público, que finalmente no pudo acceder a los antecedentes reservados de Inteligencia de Carabineros. El proceso concluyó en marzo de 2023, cuando la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la causa.

Los hechos se remontan al viernes 27 de diciembre de 2019, cuando un grupo de encapuchados atacó una sede de la USS. La acción terminó con un incendio que destruyó parte de las instalaciones del recinto.

La revisión de las cámaras de seguridad

Según consignó Reportea, Jorge Barraza, entonces director nacional de Seguridad de la USS, encabezó junto a su equipo la revisión de las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables del siniestro. Durante ese proceso, habrían reconocido a dos funcionarios de Carabineros que operaban como infiltrados en manifestaciones.

Uno de ellos fue identificado como David Gaete. Barraza relató que el funcionario llegó en enero de 2020 a la sede universitaria acompañado de una subteniente. Aunque ambos se encontraban encubiertos, Gaete se identificó y solicitó un listado de estudiantes hijos de carabineros que hubieran sido víctimas de bullying.

Durante esa visita, los funcionarios consultaron por eventuales situaciones inusuales ocurridas en el recinto. Cuando se les mencionó el incendio, solicitaron las grabaciones de la fecha, petición que fue rechazada.

En marzo de ese año, mientras continuaba la revisión del material audiovisual, Barraza y su equipo habrían identificado a Gaete entre los encapuchados que estuvieron en el lugar antes del inicio del fuego.

El entonces encargado de Seguridad declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) y expuso sus hallazgos en 2021. Según el reportaje, la declaración fue recibida y posteriormente se habría enviado un informe al Ministerio Público, aunque esos documentos no aparecen en la carpeta investigativa.

En el expediente sí consta una solicitud del fiscal José Morales del 12 de mayo de 2021 para obtener información sobre Gaete y Óscar Cifuentes, ambos identificados como funcionarios de Inteligencia de Carabineros. Sin embargo, el requerimiento no prosperó.

Barraza también aseguró que presentó los antecedentes en una reunión con altos directivos de la universidad, instancia en la que habría intervenido Andrés Chadwick, quien, según su relato, le preguntó cuáles eran sus pretensiones respecto del caso. El reportaje señala que no está claro qué papel cumplió Chadwick en esa reunión, pues para entonces ya no ejercía como ministro del Interior ni ocupaba un cargo administrativo en la USS.

El oficio que mantuvo los antecedentes bajo reserva

Inicialmente, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros rechazó la solicitud de información al argumentar que no cumplía con las formalidades legales. Debido al carácter reservado de los antecedentes de Inteligencia, sostuvo que el requerimiento debía ser formulado por el fiscal nacional.

Ante esa respuesta, el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, elevó la solicitud al Ministerio del Interior, encabezado en ese momento por Rodrigo Delgado.

La respuesta quedó consignada en un oficio fechado el 29 de noviembre de 2021, en el que Delgado señaló que “los antecedentes, informaciones y registros que obran en poder de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile son secretos y de circulación restringida”.

El documento también indicó que la información solicitada por el fiscal Morales sería respondida mediante un oficio reservado. Sin embargo, precisó que aquello no suponía levantar el secreto de los antecedentes y que tanto el fiscal nacional como los funcionarios del Ministerio Público que conocieran su contenido debían mantener la reserva.

Ese oficio reservado, que debía contener la información requerida por Morales, nunca llegó al fiscal a cargo de la causa.

Al día siguiente, el 30 de noviembre de 2021, Abbott notificó por escrito a la Fiscalía Regional Centro Norte que el secreto que pesaba sobre el documento “impide remitirlo” e informó sobre la “denegación del levantamiento del secreto”. La decisión se amparó en la Ley 19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado.

Finalmente, en marzo de 2023, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación.

Los antecedentes de los funcionarios

El reportaje también aborda el historial de ambos agentes en operativos paralelos durante la crisis social. Según los antecedentes recopilados por Reportea, registros de seguridad ubicarían a uno de ellos ingresando con una máscara antigás a la zona del siniestro minutos antes de que comenzara el incendio.

El segundo funcionario, en tanto, habría sido descubierto tras infiltrarse en la población Lo Hermida y posteriormente aparecer con su identidad real en el programa de televisión Contra viento y marea.